Tras una significativa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de cuatro radios comunitarias indígenas de Guatemala, las comunidades indígenas de ese país buscan que el Estado respete sus derechos y reconozca legalmente a sus radios para que sigan transmitiendo su cultura y asistiendo a sus miembros en su idioma materno.
Abogados señalaron el rol clave del apoyo de organismos de defensa de la libertad de expresión en el proceso contra el comunicador y esperan que su caso siente precedentes para que peticiones de asilo de periodistas perseguidos sean tomados con más seriedad por las cortes de inmigración.
El presidente del Consejo de Ministros de Perú (PCM), Aníbal Torres habría intentado interferir en la asignación de la publicidad estatal de una campaña escolar del gobierno, pidiendo la exclusión de los medios del Grupo El Comercio. Expertos y organizaciones se pronunciaron.
El periodista peruano Gustavo Gorriti, en entrevista con LatAm Journalism Review (LJR), analiza la relación entre el actual presidente peruano Pedro Castillo y la prensa tradicional o “prensa concentrada” y la prensa independiente, desde su turbulenta carrera como candidato presidencial hasta sus tambaleantes primeros meses de gobierno.
Tres semanas después de que se divulgara que decenas de periodistas en El Salvador fueron objeto de espionaje digital, la Asamblea Legislativa del país aprobó una nueva legislación que crea la figura del “agente secreto digital” y permite a la policía acceder a dispositivos electrónicos y recopilar datos para ser procesados y utilizados como pruebas en procesos judiciales.
La Justicia venezolana entregó la sede del periódico tradicional independiente El Nacional al diputado y expresidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, como parte de la reparación civil millonaria del juicio por difamación contra el diario y sus directivos. “Es el patrimonio más importante del periódico”, dijo a LJR Miguel Henrique Otero, director de El Nacional.
La periodista investigativa peruana Paola Ugaz fue absuelta en un juicio por difamación agravada. Desde 2018, Ugaz ha recibido varias demandas por difamación a partir de sus investigaciones sobre los presuntos abusos sexuales y psicológicos a menores de edad e irregularidades financieras de la comunidad eclesiástica Sodalicio de Vida Cristiana.
Al menos seis órdenes judiciales de seguridad relacionados con el bloqueo de Jair Bolsonaro a periodistas y ciudadanos brasileños en sus redes sociales esperan juicio en el Tribunal Supremo Federal (STF, por sus siglas en inglés), según una investigación de LatAm Journalism Review (LJR). Las acciones judiciales se presentaron entre 2019 y 2021 y, hasta el momento, no hay previsión de cuándo serán juzgadas.
Colectivo de mujeres periodistas de Cuba busca recaudar fondos para crear un espacio de refugio y brindar protección a periodistas que enfrentan el hostigamiento policial y judicial del Estado cubano por ejercer su profesión como independientes.
Una investigación confirma que los teléfonos de 30 periodistas salvadoreños fueron intervenidos con el software de espionaje Pegasus. El programa fue desarrollado por la compañía israelí NSO Group. En algunos casos, los datos de las intervenciones coinciden con la realización de investigaciones periodísticas sobre el escenario político de El Salvador. Esas intervenciones permiten total control de los dispositivos: mensajes, llamadas y extracción de datos almacenados.
El periodista peruano Christopher Acosta recibió una condena de dos años de prisión suspendida en un juicio por difamación agravada y delitos contra el honor. El querellante es el empresario y excandidato presidencial César Acuña, sobre quien Acosta basa su investigación periodística en el libro “Plata como cancha”.
Periodistas de la capital peruana enfrentaron un número récord de 105 casos de agresiones al realizar su trabajo, sobre todo durante los meses de elecciones presidenciales que estuvieron impregnados de una alta polarización social, política y mediática.